México restringe a su instituto electoral, que contribuyó a acabar con el régimen de partido único
Los cambios suceden en la antesala de los comicios presidenciales de 2024 y son parte de un patrón de desafíos a las instituciones democráticas en el hemisferio occidental.
Los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista.
Los cambios, que reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales,son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el presidente de México que socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido controla el Congreso junto con sus aliados, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán que las votaciones sean más eficientes. Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea.
Pero los críticos —entre ellos algunas personas que han trabajado con el presidente— dicen que los cambios son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México. El líder del partido del presidente en el Senado ha calificado de inconstitucional la medida.
Ahora se avecina otra prueba: se espera que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el blanco frecuente de la ira del presidente, evalúe una impugnación a las medidas.
Si los cambios se mantienen, las autoridades electorales mexicanas afirman que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial clave del próximo año.
“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó anteriormente en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador. “Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.
El organismo de supervisión, llamado Instituto Nacional Electoral (INE), ganó reconocimiento internacional por facilitar elecciones limpias en México, allanando el camino para que la oposición ganara la presidencia en el año 2000 tras décadas de un gobierno dominado por un solo partido.
Sin embargo, desde que perdió unas elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil.
El escepticismo del líder mexicano sobre las elecciones de 2006 fue incluso retomado el año pasado por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró a The New York Times que él también dudaba de la legitimidad de los resultados.
El principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden aclaró posteriormente que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda. La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente.
Pero si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público.
El gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses.
El presidente mexicano sigue siendo extremadamente popular, y Morena, su partido, va a la cabeza en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2024. Es muy probable que uno de los protegidos políticos de López Obrador quede al frente de la candidatura presidencial del partido.
Esa dinámica ha ocasionado que muchos en México se pregunten: ¿por qué impulsar cambios que podrían suscitar dudas sobre la legitimidad de las elecciones que se espera que favorezcan a su partido?
“Lo que se buscaba era ahorros”, dijo el vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, en una entrevista, “sin afectar el funcionamiento del INE” . El presidente tiene una política de austeridad de “cero déficit”, comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en “inversión social, la salud, educación, infraestructura”.
López Obrador ha dicho que quiere agilizar una burocracia inflada.
“Se va a mejorar el sistema de elecciones”, dijo López Obrador en diciembre. “Se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos”.
Muchos coinciden en que el gasto podría recortarse, pero argumentan que los cambios adoptados el miércoles afectan la base de la función más elemental del organismo electoral: supervisar el voto.
Los funcionarios electorales argumentan que las modificaciones los obligarán a eliminar miles de puestos de trabajo, incluida buena parte de las personas que organizan las elecciones y gestionan la instalación de casillas electorales a nivel local en todo el país. Los cambios también limitan el control de la agencia sobre sus propios gastos y la capacidad del instituto para inhabilitar a candidatos por infracciones de gastos de campaña.
Uuc Kib Espadas, consejo del INE, dijo que las modificaciones podrían tener como resultado “que no se instale un número significativo de casillas privando de su derecho al voto a miles o cientos de miles de personas”.
Ramírez Cuevas calificó dichas inquietudes como “una exageración” y dijo que “no va haber despido masivo” en el INE.
Pero el presidente mexicano no ha disimulado su desdén hacia la institución que su partido ahora tiene en la mira.
Luego de que las autoridades electorales confirmaron su derrota en 2006, López Obrador impulsó a miles de sus seguidores a manifestarse en protestas que paralizaron la capital durante semanas.
Al final pidió a sus seguidores salir de las calles, pero nunca dejó de hablar de lo que él llama “el fraude” de 2006.
“El presidente de México tiene una especie de resentimiento contra la autoridad electoral”, dijo Alcocer Villanueva, el exfuncionario de la Secretaría de Gobernación. “Ese resentimiento lo hace actuar de una manera irracional en este terreno”.
López Obrador no siempre pareció decidido a reducir al órgano electoral.
Alcocer Villanueva contó que cuando fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación, de 2018 a 2021, él y su equipo propusieron analizar posibles cambios electorales, pero el presidente decía que no estaba entre sus prioridades.
Luego, el organismo de control electoral empezó a ser un obstáculo para la agenda del presidente.
En 2021, el INE inhabilitó a dos candidatos del partido gobernante por no declarar aportes de campaña relativamente pequeños, decisiones que algunas personas al interior de la institución cuestionaron.
“Era una sanción desproporcionada”, dijo Espadas Ancona.
Pronto, el presidente empezó a dedicar mucho más tiempo a hablar del organismo electoral, por lo general de forma negativa. Para 2022 mencionaba a la institución en sus conferencias matutinas más del doble de veces que en 2019, según el instituto.
Ha señalado al organismo como “podrido” y “antidemocrático” y convirtió en blanco de sus ataques al líder del instituto —un abogado llamado Lorenzo Córdova— a quien el presidente ha calificado como alguien “sin principios, sin ideales, un farsante”.
Córdova, quien fue nombrado por el Congreso de México, ha tomado protagonismo en su propia defensa, al responder directamente al presidente en un torrente de entrevistas en medios de comunicación y conferencias de prensa.
“Es una estrategia política muy clara y evidente: vender al INE como una autoridad parcial, sesgada”, dijo Córdova en una entrevista, utilizando las siglas de la institución. “¿Cuál es nuestro dilema como autoridad?, ¿cómo manejamos esto? Si no decimos nada, públicamente, estamos convalidando el dicho del presidente”.
Los críticos del presidente han aplaudido la disposición de Córdova a enfrentarlo. Pero algunos en México se preguntan si Córdova ha encontrado el equilibrio adecuado.
“El tono del presidente del INE debe ser con más discreción y de no responder con tanta víscera y con tanto coraje”, dijo Luis Carlos Ugalde, quien dirigió la agencia de 2003 a 2007
, y añadió: “Genera que del otro lado, del lado de Morena, haya más ganas, más ganas de atacar, de destruir al instituto”.
Córdova se mantuvo firme en su enfoque.
“Es muy fácil juzgar desde fuera”, dijo Córdova. “Al que le ha tocado conducir esta institución en el peor momento he sido yo”.
El mandato de Córdova termina en abril. El Congreso, controlado por el partido del presidente, elegirá a cuatro nuevos consejeros para el organismo electoral.
